24 de febrero de 2006. Al final de la prueba de sonido previa a un concierto, en un centro cultural de Madrid, una escalera mal fijada cae sobre el escenario, pasando a escasos centímetros del que escribe y cayendo estruendosamente sobre el cajón del percusionista. Tras meses de infructuosas reclamaciones por daños, y cansado de aplazamientos, respuestas desinformadas y numerosos problemas de contacto, el percusionista desistió en su empeño. Pagó la reparación del instrumento (mucho mayor que el importe percibido por el concierto) de su bolsillo.
En este caso fue un cajón, pero podría haber sido mi propia integridad física. Ni contábamos con Seguridad Social ni con otro tipo de seguro, ni siquiera con un contrato privado u otro documento sujeto a derecho que estableciera un vínculo legal entre empleador (Ayuntamiento de Madrid) y empleado (los seis músicos que actuamos esa noche).
Centros culturales, clubes, pequeñas fiestas corporativas... Eventos todos ellos concertados mediante acuerdo verbal, sin mayor burocracia ni consiguiente cobertura. Tan poca atención merece la profesión de músico que ni siquiera se ha pensado, en estos tiempos de crisis, en hacer frente a la economía sumergida que genera.
Mientras llega ese día mágico en que la regulación se convierta en realidad, compañeros de toda España viven situaciones dantescas, cuentan con enormes dificultades para justificar ingresos de cara a créditos y ven como se aproxima su jubilación sin apenas haber cotizado a la Seguridad Social. Mientras llega ese día todos seguimos expuestos a pésimas condiciones laborales, impagos e incluso accidentes. Mientras llega ese día nos continuarán tratando como ciudadanos de segunda categoría o, según decía aquella ley de hace décadas, como "vagos y maleantes".
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